Casos ganados: fallos reales, con rol verificable

Qué se pidió

Primero: Que, el Servicio Nacional de Migraciones opone la excepción de incompetencia territorial argumentando que la parte actora declaró su domicilio en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, y en la Región Metropolitana, fuera de la jurisdicción de esta Corte.

Por qué la Corte acogió

Quinto: Que, la Administración del Estado, al imponer exigencias bajo el apercibimiento legal de declarar el desistimiento de una solicitud en curso, tiene el deber inexcusable de asegurar y materializar el cabal conocimiento del requerimiento por parte de la persona interesada, garantizando así la posibilidad de ejercer una defensa oportuna.

Sexto: Que, en la especie, la aplicación drástica de la sanción de desistimiento frente a la actora, quien cuenta con Permanencia Definitiva desde el año 2020 e innegable arraigo en el país, privándola de la oportunidad material de subsanar los requerimientos documentales, constituye un acto arbitrario que frustra el legítimo ejercicio de sus derechos en el procedimiento administrativo y vulnera su garantía de igualdad ante la ley. Ello impone a esta judicatura acoger la acción intentada para fines de retrotraer la tramitación y permitir el aporte de los antecedentes solicitados.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza la excepción de incompetencia territorial opuesta por la recurrida y, en cuanto al fondo, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido], de fecha 25 de marzo de 2026, y se ordena a la autoridad recurrida retrotraer el procedimiento administrativo al estado de notificar válidamente a la actora la Comunicación Electrónica N° 89478526, de 24 de noviembre de 2025, para el solo efecto de otorgarle un nuevo plazo de 60 días con el fin de que acompañe la documentación adicional requerida, debiendo luego el Servicio continuar con la tramitación de la…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, la recurrida opone la excepción de incompetencia territorial alegando que el recurrente declaró domicilio en la ciudad de Chillán, Región de Ñuble, y que el acto emana de la sede centralizada en Santiago.

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, la referida actuación de la recurrida, plasmada en una comunicación electrónica de formato estandarizado, adolece de una evidente falta de fundamentación, transgrediendo lo imperativamente dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Dichas normas exigen que las resoluciones y actos administrativos contengan los fundamentos de hecho y de derecho que los sustentan.

Octavo: Que, en efecto, la autoridad migratoria no puede excusarse de cumplir con la debida motivación de sus actos mediante el envío de correos electrónicos automáticos que deniegan de plano el curso de una solicitud. La falta de un análisis sustantivo, pormenorizado y expresado en una resolución formal, constituye un actuar arbitrario e ilegal que priva al administrado de conocer con certeza las razones fácticas y jurídicas de la decisión, dificultando su derecho a una legítima defensa. Este proceder vulnera la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, correspondiendo adoptar las…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechazan las excepciones de incompetencia y extemporaneidad opuestas por la recurrida, y en cuanto al fondo, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, se deja sin efecto la Comunicación Electrónica Folio N° 77654227, de fecha 28 de abril de 2025, debiendo la autoridad recurrida emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la admisibilidad de la solicitud de residencia definitiva ID N° 66100847, debidamente fundado en los términos de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, resolviendo estrictamente conforme a derecho.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, de lo expuesto en el considerando anterior se concluye que actualmente la solicitud de la actora se encuentra en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, sin que los recurridos Ministerio del Interior y Subsecretaría del interior hayan tomado conocimiento de los antecedentes e iniciado la tramitación de los mismos, razón por la que se desestima el presente arbitrio respecto de aquel.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], en contra del Ministerio del Interior. II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto el Servicio, en lo que a su competencia se refiere y dentro del plazo de sesenta días, deberá concluir la tramitación la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente y remitir los antecedentes al Señor Subsecretario del Interior, para su conocimiento.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, de lo expuesto en el considerando anterior se concluye que actualmente la solicitud del actor se encuentra en tramitación ante la Subsecretaría del Interior, cesando la intervención del Servicio recurrido, razón por la que se desestima el presente arbitrio respecto de aquel.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones. II.- Que se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , y en contra de la Subsecretaría de Interior sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad dominicana, e interpone acción constitucional de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución Exenta N°[número omitido], de 14 de agosto de 2026, que rechazó su solicitud de residencia definitiva y dispuso el abandono del país dentro del plazo de 15 días desde su notificación, denunciando que dicha actuación amenaza su libertad personal y seguridad individual. Expone que la amparada ingresó regularmente al país, contó con residencia temporaria y el 12 de marzo de 2021 solicitó residencia definitiva. Añade que carece de antecedentes penales en Chile, es madre de una niña chilena nacida el [fecha omitida], cuyo cuidado y subsistencia dependen de ella, y mantiene arraigo laboral. Señala que el 29 de julio de 2026 fue notificada del…

Por qué la Corte acogió

Quinto: Que el artículo 91 de la Ley N°21.325 dispone que, previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia, deberá notificarse al interesado, en conformidad con su artículo 146, las razones en que se fundará dicha decisión, disponiendo éste de diez días para presentar antecedentes respecto de la causal invocada por la autoridad. Tal exigencia se encuentra asimismo desarrollada en el artículo 88 del Decreto Supremo N°296, de 2021, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

Sexto: Que, por tanto, al no encontrarse acreditado que la amparada haya sido notificada, antes de la dictación del acto terminal, de la causal que finalmente sustentó el rechazo de su solicitud de residencia definitiva, no consta que haya contado con la oportunidad que la ley le reconoce para formular descargos y aportar antecedentes a su respecto. Tal omisión importa prescindir de un trámite expresamente previsto por el legislador como previo a la decisión de rechazo, que manifiestamente tiene relevancia y aptitud para conformar la base fáctica de un acto declarativo de aplicación de la ley, tornando ilegal la Resolución Exenta N°[número…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas y en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Amparo, se acoge, el recurso de amparo deducido en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido], de 14 de agosto de 2026, ordenando retrotraer el procedimiento administrativo al estado de otorgar a la amparada la oportunidad de formular sus descargos respecto de la causal que motivó el rechazo de su solicitud de residencia definitiva, debiendo el Servicio Nacional de Migraciones practicar la correspondiente notificación de previo rechazo y concederle, para tal efecto, un plazo de sesenta días hábiles, contado desde dicha notificación, para los referidos…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis. Visto y teniendo presente: PRIMERO: Que comparece la abogada Carla Nicole Cañón Rubio, quien interpone acción de amparo en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°[número omitido], de fecha 26 de diciembre de 2024, que rechazó la solicitud de residencia definitiva del amparado y dispuso su abandono del país. Relata que el amparado presentó solicitud de residencia definitiva con fecha 21 de octubre de 2022, cumpliendo actualmente con los requisitos sustantivos necesarios para acceder al beneficio migratorio solicitado. Menciona que el actor no registra antecedentes penales en Chile ni en su país de origen, según da cuenta el certificado documento…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones, normas legales citadas, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de [la persona recurrente] en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido], de fecha 26 de diciembre de 2024, retrotrayéndose el procedimiento administrativo a la etapa anterior al rechazo, debiendo la autoridad administrativa permitir la incorporación de los antecedentes requeridos y emitir un nuevo pronunciamiento fundado respecto de la situación migratoria del amparado, dentro del plazo de 60 días.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, la abogada Carla Nicole Cañón Rubio interpone acción constitucional de amparo en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad argentina, pasaporte N° •••017, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N°[número omitido], de 31 de agosto de 2026, que declaró inadmisible por improcedente la solicitud de residencia temporal (ID N°76572490) presentada por el amparado desde España, por estimarse que dicho acto es ilegal y arbitrario, en cuanto vulnera la libertad personal y seguridad individual garantizadas en el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República. Expone la recurrente que el amparado ingresó a Chile de manera regular, en calidad de turista, por un paso fronterizo habilitado, sometiéndose al correspondiente control migratorio. Refiere que, durante su permanencia en el país, y con la intención…

Por qué la Corte acogió

Quinto: Que, en este sentido, al denegar la tramitación administrativa del requerimiento sin dar al solicitante la oportunidad de aclarar la discrepancia entre el ingreso efectivo y el registro generado por la autodenuncia, la autoridad migratoria coartó el derecho del amparado a ser oído y a presentar antecedentes en su favor. El artículo 31 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos. La omisión de este trámite resulta…

Sexto: Que, por lo tanto, la decisión de inadmisibilidad de plano, sin someter el requerimiento a la tramitación administrativa correspondiente ni dar al amparado la oportunidad de aclarar la inconsistencia entre su ingreso regular y la autodenuncia, se torna carente de fundamento racional, toda vez que la propia autoridad disponía de los antecedentes necesarios para advertir la discrepancia. La resolución impugnada configura, a lo menos, una amenaza a la seguridad individual del amparado, en cuanto impide la regularización de su situación migratoria sobre la base de un registro que no se corresponde con la realidad de los hechos, pudiendo…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, los artículos 10, 31 y 41 de la Ley N°19.880, los artículos 91, 146 y 157 de la Ley N°21.325, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se acoge la acción constitucional de amparo deducida en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad argentina, pasaporte N° •••017, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones admitir a tramitación la solicitud de residencia temporal ID N°76572490 presentada el 18 de agosto de 2026, según el procedimiento administrativo correspondiente, debiendo dar al solicitante la oportunidad de ser oído y de presentar los antecedentes que acrediten las circunstancias de su ingreso al país, para que la autoridad resuelva con pleno…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar, de origen constitucional, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por qué la Corte acogió

Cuarto: Que, en consecuencia, a la fecha de dictación de la resolución impugnada (17 de febrero de 2026), la recurrente se encontraba efectivamente dentro del territorio nacional, demostrándose que el Servicio Nacional de Migraciones sustentó el archivo de la solicitud en una premisa fáctica completamente falsa, derivada de una falta de actualización en sus bases de datos o de una omisión en la revisión exhaustiva de los registros oficiales de Policía Internacional.

Quinto: Que, el actuar de la Administración deviene en manifiestamente arbitrario e ilegal al archivar un procedimiento administrativo sobre la base de antecedentes erróneos imputables al propio órgano del Estado. Dicha decisión conculca la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dispensándole a la recurrente un trato discriminatorio, desprovisto de racionalidad y fundamentación material, que trunca injustificadamente su proceso de regularización migratoria. Por consiguiente, procede que esta magistratura adopte las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Carla Nicole Cañón Rubio, en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido], de fecha 17 de febrero de 2026, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso el archivo de la solicitud de Residencia Definitiva de la parte recurrente. Por consiguiente, el Servicio recurrido deberá proceder al inmediato desarchivo y reapertura de la solicitud de Residencia Definitiva ingresada bajo el ID N° 72596025, debiendo dar curso progresivo a su…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud se encuentra en tramitación ante dicha autoridad desde el 9 de septiembre de 2025, actualmente en etapa de primer análisis.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, el recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en consecuencia deberá, en lo que a su competencia se refiere y dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente y remitir los antecedentes al Señor Subsecretario del Interior, para su conocimiento.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, de lo expuesto en el considerando anterior se concluye que actualmente la solicitud del actor se encuentra en tramitación ante la Subsecretaría del Interior, cesando la intervención del Servicio recurrido, razón por la que se desestima el presente arbitrio respecto de aquel.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] Andrea [la persona recurrente] Soto, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] Andrea [la persona recurrente] Soto, y en contra del Ministerio del Interior y Subsecretaría de Interior sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón [la persona recurrente], abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad haitiana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 6 de enero de 2024, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del…

Por qué la Corte acogió

Octavo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades requeridas, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Noveno: Que, por tanto, la dilación del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la parte recurrente, dentro del ámbito de sus competencias, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra de la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, quien fue del parecer de rechazar el recurso, teniendo presente para ello: 1°. Que, de la revisión de los antecedentes, surge que la…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de [la persona recurrente], de nacionalidad venezolana, interpone acción de amparo en contra del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución Exenta N°[número omitido], de 11 de agosto de 2026, que rechazó su solicitud de residencia definitiva y dispuso su abandono del territorio nacional dentro del plazo de 15 días, estableciendo además una prohibición de ingreso a Chile por cinco años. Sostiene que dicho acto es ilegal y arbitrario y afecta su libertad personal y seguridad individual. Expone que la amparada ingresó a Chile por paso habilitado y que, el 2 de diciembre de 2024, presentó solicitud de residencia definitiva, acompañando los antecedentes exigidos para su tramitación, entre ellos documentación destinada a acreditar la inexistencia de antecedentes penales en…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que adquiere relevancia lo informado por el propio Servicio Nacional de Migraciones al ampliar su informe por orden de esta Corte. En dicha presentación, la recurrida precisó que el nuevo certificado de antecedentes penales, emitido el 4 de junio de 2026, individualiza a la amparada, señala que no registra antecedentes penales y que, efectuada su verificación, se constató su autenticidad. De este modo, si bien subsisten las inconsistencias detectadas por la autoridad respecto del certificado originalmente acompañado, consta que, con posterioridad y dentro de la nueva tramitación ordenada judicialmente, la amparada presentó un nuevo…

Octavo: Que, por lo razonado, el presente recurso de amparo será acogido, disponiéndose que la recurrida deberá dejar sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido], de 11 de agosto de 2026, retrotrayendo el procedimiento administrativo a la etapa anterior a su dictación, a fin de que la autoridad pondere el certificado de antecedentes penales de 4 de junio de 2026, cuya autenticidad fue verificada por el propio Servicio, conjuntamente con los demás antecedentes incorporados al procedimiento, y emita un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva de la amparada.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones, normas legales citadas, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se acoge, sin costas, la acción constitucional impetrada en favor de [la persona recurrente] en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido], de 11 de agosto de 2026, retrotrayéndose el procedimiento a la etapa anterior a su dictación, debiendo la autoridad administrativa ponderar el certificado de antecedentes penales de 4 de junio de 2026, cuya autenticidad fue verificada por el Servicio, conjuntamente con los demás antecedentes incorporados al procedimiento, y emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva de la amparada. Acordado lo anterior con el voto en…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintiséis. VISTOS: PRIMERO: Que, comparece la parte recurrente y deduce acción constitucional de amparo en favor de [la persona recurrente], nacional de Haití, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile, por el acto que se estima ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta de cuatro de agosto de dos mil veintiséis, que rechazó su solicitud de residencia temporal en la subcategoría de reunificación familiar, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República. Menciona que la amparada presentó con fecha 11 de agosto de 2025 solicitud de permiso de residencia temporal, registrada bajo el ID N°73977030 y que la resolución impugnada la rechazó fundándose en que no habría presentado un certificado vigente que…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se acoge, sin costas, la acción constitucional de amparo deducida en favor de [la persona recurrente] en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido], de 4 de agosto de 2026, debiendo el Servicio recurrido reabrir el procedimiento administrativo y conferir a la amparada un plazo prudencial para acompañar el certificado de matrimonio vigente, debidamente apostillado o legalizado por el Consulado de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y, con su mérito, dictar la resolución que en derecho corresponda.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Santiago Santiago, siete de septiembre de dos mil veintiséis. Vistos y teniendo presente. PRIMERO: Que comparece Carla Nicole Cañón Rubio, interponiendo recurso de amparo constitucional en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° [número omitido] que dispuso el abandono del país y la dictación de la Resolución Exenta N° [número omitido], que declaró inadmisible su solicitud de permiso de residencia temporal, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que ordena la expulsión ignorando los antecedentes recientes de arraigo del afectado, vulnerando con ello los derechos fundamentales de libertad personal, seguridad individual y libertad de circulación y residencia, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita dejar…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1° y 21 de la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas de la Ley N° 21.325, se acoge la acción constitucional de amparo deducida en favor de [la persona recurrente], y en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido] que rechazó su solicitud de residencia definitiva, dispuso el abandono del país y la prohibición de ingreso al territorio nacional por el término de cinco años y la Resolución Exenta N° [número omitido], que declaró inadmisible su solicitud de permiso de residencia temporal, dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, ordenando a la recurrida (i) proceder a la reapertura inmediata del trámite administrativo de Residencia Definitiva y (ii) otorgar al amparado un plazo de sesenta días…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad boliviana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 9 de enero de 2023, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la actora, y se adopten las providencias que sean…

Por qué la Corte acogió

Octavo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades requeridas, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Noveno: Que, por tanto, la dilación del recurrido -Servicio Nacional de Migraciones- en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la parte recurrente, dentro del ámbito de sus competencias, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra del abogado integrante señor Manuel Luna Abarza, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección, teniendo para ello en consideración que -en este caso en particular- el…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Santiago Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que comparece doña Carla Cañón Rubio, abogada, en representación de [la persona recurrente], de nacionalidad italiana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) MODELO S.A, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, de 23 de abril de 2026, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente conforme a derecho, reconociendo la documentación suministrada por el actor, dentro de un plazo razonable. Relata que el…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, la acción deducida en favor de [la persona recurrente], en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) MODELO S.A. y, en consecuencia, se ordena a la recurrida proceder a la restitución y pago íntegro de los fondos previsionales acumulados por el actor durante su período laborado en Chile, dentro del plazo de 30 días desde que la presente sentencia quede ejecutoriada. Redacción de la Ministro señora Jenny Book Reyes.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad colombiana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 26 de agosto de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del actor dentro de…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades requeridas, se advierte que la petición del actor aún figura pendiente de resolver, por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del recurrido Ministerio del Interior en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra de la abogada integrante señora Catalina Infante Correa, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección, al estimar que en el caso de la parte recurrente no existe una afectación a alguna de las garantías constitucionales, pues…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, comparece [la persona recurrente], nacional de Venezuela, y deduce recurso de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile, por el acto que estima ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° [número omitido], de trece de agosto de dos mil veintiséis, que rechazó su solicitud de residencia temporal y dispuso su abandono del territorio nacional dentro del plazo de 30 días contado desde su notificación, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en los artículos 21 y 19 N° 7 de la Constitución Política de la República. Menciona como antecedentes de su recurso que mantiene una permanencia prolongada y consolidada en Chile, país en el que ha residido por más de diez años y en el que ha desarrollado su vida personal y…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se acoge , sin costas, el recurso de amparo deducido en favor de [la persona recurrente] en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido], de trece de agosto de dos mil veintiséis, debiendo el Servicio recurrido reabrir el procedimiento administrativo y conferir al amparado un plazo prudencial para acompañar la resolución y el comprobante de pago de la sanción del artículo 119 de la Ley N° 21.325, señalándole previamente el per íodo que resta por sancionar y el cálculo del monto que debe enterar , y, con su mérito, dictar la resolución que en derecho corresponda.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que por la presente acción constitucional, se recurre, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de nacionalización presentada, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, de acuerdo a lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

Cuarto: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.” (E. Corte Suprema…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre la materia, se resuelve: I. Que, se acoge, sin costas el recurso de protección interpuesto por Carla Cañón Rubio en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de nacionalización presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de noventa días corridos contados desde la notificación de esta sentencia. II. Que, se rechaza, el recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior. Notifíquese. En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma.…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que comparece la abogada Carla Nicole Cañón Rubio, en representación de [la persona recurrente], de nacionalidad boliviana, e interpone recurso de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dictación de la Resolución Exenta N° [número omitido], de 15 de octubre de 2024, que dispuso la prohibición de ingreso de la amparada al territorio nacional por el plazo de cinco años, acto que califica de ilegal que vulnera su libertad personal y seguridad individual. Expone que la amparada es madre de dos hijos menores de edad, de 15 y 8 años, quienes residen regularmente en Chile, son titulares de permisos de residencia temporaria vigentes hasta el 23 de octubre de 2026 y asisten al colegio. Señala que el 10 de junio de 2024, [la persona recurrente] fue sorprendida por…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se acoge el recurso deducido en favor de [la persona recurrente] y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido], de 15 de octubre de 2024, debiendo el Servicio Nacional de Migraciones emitir un nuevo pronunciamiento, previa ponderación de los antecedentes contemplados en el artículo 129 de la Ley N° 21.325 y, especialmente, de la existencia y situación de los dos menores de edad que figuran como hijos de la amparada.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece la abogada Carla Cañón Rubio, quien recurre de amparo en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta número 250010023793, de 7 de noviembre de 2025, que dispuso su expulsión del país, requiriendo su revocación. Expone que la amparada cuenta con arraigo familiar, compuesto por su hijo menor de edad de nacionalidad chilena, denunciando que aquello fue omitido por la autoridad migratoria, lo que agrava su situación en caso de ser ejecutada la medida de expulsión, más cuando existe mandato normativo expreso al recurrido de ponderar sus antecedentes familiares, debiendo ceder la causal invocada por la autoridad -el ingreso al país por paso no habilitado- frente al principio de protección de la familia. Asimismo, hace presente que su representada carece de antecedentes…

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que, en este contexto, es necesario destacar que el artículo 1 de la Constitución Política de la República reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad e impone al Estado el deber de darle protección y de propender a su fortalecimiento, deber que, tratándose de decisiones administrativas que pueden derivar en la separación de un infante respecto de su madre, obliga a la autoridad a efectuar una ponderación individualizada que atienda al interés superior de aquél, exigencia que la propia Ley 21.325 recoge en su artículo 4 y en el numeral 6 de su artículo 129.

Séptimo: Que, en consecuencia, la resolución impugnada resulta desproporcionada, al imponer una afectación desmedida al derecho de la amparada a residir y permanecer en el territorio nacional y a mantener la relación directa y regular con su hijo de nacionalidad chilena, sin que conste una ponderación efectiva de esa circunstancia conforme a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que torna ilegal la decisión reclamada al vulnerar la garantía tutelada por la acción deducida, razón por la cual se acogerá el presente arbitrio.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de amparo interpuesto en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta 250010023793, de 7 de noviembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto decretó su expulsión del territorio nacional y dispuso su prohibición de ingreso al país por el plazo de cinco años, debiendo la recurrida reabrir el procedimiento administrativo y ponderar el arraigo familiar de la amparada, compuesto por su hijo chileno y los demás antecedentes que se le requieran y aporte en el curso del mismo.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Nicole Cañon Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad uruguaya, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión arbitraria e ilegal en que habría incurrido al no resolver oportunamente su solicitud de residencia temporal, lo que vulneraría la garantía prevista en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República. Expone que la recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa el 25 de junio de 2024, sin embargo, la recurrida no ha dado respuesta a su solicitud. Cita los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880, y precisa que, de acuerdo con esta última norma, el plazo para emitir una decisión final es de 6 meses. Denuncia como ilegal y arbitraria, en consecuencia, la omisión de la autoridad recurrida consistente en la falta de resolución de la petición de…

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que, de acuerdo con lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de residencia temporal por más de dos años, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Séptimo: Que si bien no se desconoce el incremento significativo de ingresos de este tipo de solicitudes, así como de otras, ante la misma autoridad, la demora en el pronunciamiento en este caso particular, por más de dos años, debe ser calificada de arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de residencia temporal de la recurrente, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad cubana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 30 de mayo de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la actora dentro de un…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por la autoridad recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Ministerio del Interior en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda sobre la solicitud de nacionalización de la recurrente que se encuentra pendiente, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro señor Matías De La Noi Merino, quien fue del parecer de desestimar el recurso de protección, teniendo para ello en consideración que, en concepto de quien disiente, en la especie no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero : Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos que privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Por qué la Corte acogió

Quinto: Que, el artículo 11 letra b) de Decreto 177, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, dispone: “Sin perjuicio de los requisitos específicos requeridos en cada subcategoríamigratoria,ysalvomenciónexpresaencontrario,deberán adjuntarse atodasolicitudlossiguientesdocumentos:b)Enelcasode los solicitantes que según la ley chilena sean mayores de edad, el certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido porlaautoridadcompetentedesupaísdeorigenodeaquelenelcual hayan resididoen los últimos5años.Encasoquelaresidenciaenun país distinto al de origen haya tenido lugar en un lapso menor a los últimos…

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados aparece que la actora cumplió con lo exigido por el Servicio, existiendo sólo una omisión formal el no ingresar a la plataforma web del Servicio el certificado de envío por carta certificada del documento solicitado, que no es de una entidad suficiente para rechazar la solicitud de la actora por el incumplimiento de lo ordenado, razón por la que es estima que la autoridad migratoria ha actuado de manera arbitraria, sin considerar, además, la situación sociopolítica de la República de Haití y la dificultad que ello significa para sus nacionales obtener documentación oficial. Y visto además lo…

Qué ordenó la Corte

Y visto además lo dispuesto en los á artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge , sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] en contra del Servicio Nacional de Migraciones , en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido] de 31 de marzo de 2026 se ordena al Servicio Nacional del Migraciones otorgar un nuevo plazo de ciento ochenta días para que la recurrente acompañe lo solicitado por el Servicio, debiendo pronunciarse el órgano migratorio respectivo, una vez cumplido lo anterior.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] , de nacionalidad colombiana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior , por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 23 de octubre de 2023, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del actor dentro…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades requeridas, se advierte que la petición del actor aún figura pendiente de resolver, por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, la excepción de cosa juzgada opuesta por la recurrida será desestimada, desde que la acción constitucional de amparo constituye un mecanismo cautelar, urgente y de naturaleza eminentemente protectora, destinado a restablecer de inmediato el imperio del derecho frente a actos u omisiones que afecten o amenacen la libertad personal y seguridad individual, sin que su procedencia quede supeditada, en términos estrictos, a las reglas propias de los procedimientos declarativos ordinarios. A ello se suma que, en la especie, el tiempo transcurrido desde el último pronunciamiento judicial sobre la materia justifica una nueva revisión de la decisión administrativa cuestionada. II. En cuanto al fondo:

Por qué la Corte acogió

Octavo: Que, a lo anterior se suma que el amparado registra un arraigo familiar consolidado en el país, acreditado con el certificado de matrimonio con una residente definitiva, y el certificado de nacimiento de su hijo de nacionalidad chilena, circunstancias que la resolución impugnada no ponderó. De este modo, el acto recurrido contraviene la obligación de protección a la familia que vincula a todos los órganos de la Administración del Estado conforme al artículo 1 de la Constitución Política de la República, así como el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, expresamente reconocido en el artículo 4 de la Ley N°21.325…

Noveno: Que, en consecuencia, la resolución impugnada constituye una amenaza cierta a la libertad personal del amparado, toda vez que su incumplimiento voluntario habilita a la autoridad migratoria para disponer su expulsión conforme al artículo 127 N°3 de la Ley N°21.325, lo que, sumado a la infracción normativa referida en los motivos que preceden, torna ilegal la decisión cuestionada y determina que se acogerá este arbitrio en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N°7 y 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara: I. Que, se rechaza la excepción de cosa juzgada deducida por el Servicio Nacional de Migraciones. II. Que, se acoge, sin costas , la acción de amparo deducida en favor de [la persona recurrente] Fernando [la persona recurrente] en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido] de 24 de marzo de 2026, debiendo el Servicio Nacional de Migraciones reabrir el procedimiento administrativo y proceder a un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva del actor conforme a derecho, ponderando el arraigo acreditado en autos.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que la acción de amparo consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República constituye un procedimiento de tutela urgente destinado a resguardar el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, garantizado en el artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental, comprendiendo dentro de su ámbito de protección la libertad ambulatoria en su dimensión externa, esto es, el derecho a entrar y salir del territorio nacional, procediendo en aquellos casos en que dicho derecho sea afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario, fuera de los casos que el propio ordenamiento jurídico autoriza.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, por medio de la presente acción, se solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido], de 3 de julio de 2026, del Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó la solicitud de Residencia Definitiva de la amparada, dispuso su abandono del país en el plazo de 15 días y decretó su prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de 5 años, por no haber acompañado el certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente apostillado o legalizado.

Tercero: Que, si bien la falta de acompañamiento del certificado de antecedentes penales del país de origen, debidamente apostillado o legalizado, constituye una exigencia legal para la obtención de la Residencia Definitiva conforme a los artículos 78 inciso 2° y 88 N°1 de la Ley N°21.325, la amparada acompañó en esta instancia el mentado documento, en el cual consta que no tiene antecedentes penales en su país de origen, circunstancia que deviene en ilegal el pronunciamiento de la recurrida, al disponer una medida del todo desproporcionada en atención a la naturaleza meramente formal del incumplimiento y a la ausencia de todo elemento que…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Amparo, se acoge , sin costas, la acción constitucional de amparo deducida en favor de [la persona recurrente] Gisela [la persona recurrente] en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido], de 3 de julio de 2026, ordenándose a la autoridad recurrida reabrir el procedimiento administrativo respectivo, evaluar el documento adjunto y, en su caso, otorgarle a la amparada un plazo no inferior a sesenta días hábiles para acompañar aquellos que se le requiera, dictando a continuación la resolución que en derecho corresponda.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por las recurridas, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización se tramita de conformidad al del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, el recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , sólo en cuanto el recurrido Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior deberán, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Valdivia Valdivia, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis. Visto, teniendo presente y considerando: PRIMERO. A folio 1 comparece la abogada doña Carla Nicole Cañon Rubio en favor de [la persona recurrente] cedula de identidad [RUT] de nacionalidad rusa recurriendo de protección en contra de Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior. Señala que actualmente [la persona recurrente] posee residencia definitiva y que el día 1 de junio de 2023 ingresó solicitud de carta de nacionalización y a la fecha no ha recibido respuesta. Indica que esta omisión y demora excesiva de la recurrida es ilegal y arbitraria, porque vulnera por una parte su derecho a la igualdad, al no existir razones atendibles que justifiquen la falta de resolución conforme a los plazos legales. Señala que la omisión vulnera la Ley N° 19.880, en su artículo 7 que establece el principio de celeridad de…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, la presente Acción Constitucional de Protección deducida en favor de [la persona recurrente] en contra de Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto devla solicitud de nacionalización presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia. Acordada con el voto en contra del Ministro señor Juan Ignacio Correa Rosado, quien estuvo por rechazar el recurso, desde que la parte recurrente mantiene situación migratoria regular en…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] del [la persona recurrente] Briceño, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 1 de agosto de 2023, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la actora…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las requeridas, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] del [la persona recurrente] Briceño, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, ello dentro del plazo de noventa días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro señor Matías De La Noi Merino, quien fue del parecer de desestimar el recurso de protección, teniendo para ello en consideración que, en concepto de quien disiente, en la especie…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de Johanna Andreina [la persona recurrente] Naveda, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 9 de abril de 2024, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las recurridas, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Johanna Andreina [la persona recurrente] Naveda, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, ello dentro del plazo de noventa días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro señor Matías De La Noi Merino, quien fue del parecer de desestimar el recurso de protección, teniendo para ello en consideración que, en concepto de quien disiente, en la especie no se…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, la acción de amparo es un proceso de tutela urgente del derecho fundamental a la libertad personal y seguridad individual, garantía consagrada en el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República, procedente en aquellos casos en que una persona fuere arrestada, detenida o presa con infracción a la Constitución o a las leyes o sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza al derecho fundamental antes aludido, fuera de los casos en que el ordenamiento jurídico lo permite.

Por qué la Corte acogió

Décimo : Que la exigencia sobreviniente de un Certificado de Antecedentes Penales original de Haití, legalizado o apostillado, infirnge el procedimiento racional y justo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 21.325, interpretado en armonía con el Principio Pro Homine del Artículo 12 del mismo cuerpo legal. De acuerdo con dicho principio, los derechos reconocidos en la ley de migración deben ser interpretados de la manera más amplia o extensiva, y de forma restrictiva al momento de limitar garantías.

Undécimo: Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, la exigencia sobrevenida del certificado de antecedentes penales del país de origen deviene en ilegal, máxime si se pondera la situación de grave crisis socio-política e institucional que afecta a la República de Haití y la consecuente imposibilidad o extrema dificultad para la obtención de dicha documentación consular, lo que sitúa al amparado en un estado de insalvable indefensión material que vulnera de forma directa el estándar de un procedimiento racional y justo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 21.325

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N°7 y 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas , la acción de amparo deducida en favor de [la persona recurrente] en contra de del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido] de fecha 30 de junio de 2026, debiendo retrotraerse el procedimiento administrativo y otorgarle al amparo un plazo no menor a ciento ochenta días, a fin de que acompañar los documentos faltantes.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 23 de julio de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Concepción rtp Concepción, siete de agosto de dos mil veintiséis. VISTO : Comparece doña Carla Nicole Ca ñón Rubio, abogada, en representaci ón de do ña [la persona recurrente] , ciudadana de nacionalidad colombiana, deduciendo acción constitucional de amparo, la cual fue posteriormente reconducida por esta Corte a una acción de protección de garantías constitucionales, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. La recurrente impugna la Resolución Exenta N° [número omitido], de fecha 22 de junio de 2026, emanada del Servicio recurrido, la cual rechazó su solicitud de residencia temporal y dispuso su abandono del país en un plazo de 30 días. Fundamentando su recurso expone que con fecha 26 de septiembre de 2023, la amparada solicitó un permiso de residencia temporal (ID N° 67773634). Destaca que cuenta con arraigo laboral, manteniendo un contrato de trabajo vigente e…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE , sin costas, la acción constitucional interpuesta por doña Carla Nicole Cañón Rubio en representación de [la persona recurrente], y se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido], de fecha 22 de junio de 2026, emanada del Servicio Nacional de Migraciones. El Servicio referido deberá reabrir el procedimiento administrativo en que se dictó la resolución impugnada, para el solo efecto de otorgar un plazo breve pero suficiente a la recurrente a fin de que pueda aportar el comprobante oficial requerido, y con dicho antecedente el Servicio pueda emitir nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia temporal ingresada por [la persona recurrente]. Notifíquese y archívese en su oportunidad. Redacción del abogado…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] Perez , de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 10 de septiembre de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del actor, y se adopten las providencias…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades requeridas, se advierte que la petición del actor aún figura pendiente de resolver, por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del recurrido -Servicio Nacional de Migraciones- en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] Perez , sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón [la persona recurrente], abogada, en favor de [la persona recurrente] , de nacionalidad cubana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior , por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 1 de agosto de 2023, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del actor, y se adopten las providencias que…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades requeridas, se advierte que la petición del actor aún figura pendiente de resolver, por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] , de nacionalidad colombiana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior , por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 19 de noviembre de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la actora…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades recurridas, se advierte que no existe vulneración a los derechos invocados por la recurrente en lo que al Servicio Nacional de Migraciones se refiere, pero no puede concluirse lo mismo en cuanto al actuar del Ministerio del Interior, pues a su respecto, la solicitud de la actora aún figura pendiente de resolver, por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión…

Octavo: Que, por tanto, la dilación del recurrido Ministerio del Interior en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] , sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra de la abogada integrante se ñora Magaly Correa Far ías , quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio constitucional, por las siguientes consideraciones: 1°. Que el aspecto de fondo discutido dice relación con la demora…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] , de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 26 de julio de 2024, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del actor, y se adopten las providencias que sean…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las autoridades requeridas, se advierte que la petición del actor aún figura pendiente de resolver, por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del recurrido -Servicio Nacional de Migraciones- en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] , sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 16 de agosto de 2025, actualmente en etapa de espera de gabinete.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, la Subsecretaría del Interior, recurrida de autos, opone la excepción de incompetencia atendido que el recurrente al realizar su solicitud de carta de nacionalización señala domicilio en territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte de Apelaciones.

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que, de los antecedentes se desprende que la recurrente acompañó certificado de antecedentes penales a su país de origen, debidamente legalizado y apostillado, con traducción oficial, el cual tenía una vigencia desde el 27 de noviembre de 2025 al 26 de abril de 2026.

Séptimo: Que, es un hecho público y notorio la situación sociopolítica de la República de Haití y la demora que ello significa para sus nacionales obtener documentación oficial, circunstancia que debió considerarse por el Servicio en el caso del actor, lo que constituye un actuar carente de razonabilidad por parte de la recurrida, vulnerando así las garantías fundamentales del recurrente, razón que conlleva a acoger el presente arbitrio.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido] de 31 de enero de 2026, se ordena al Servicio Nacional del Migraciones otorgar un nuevo plazo de ciento ochenta días para que la recurrente acompañe lo solicitado por el Servicio, debiendo pronunciarse el órgano migratorio respectivo, una vez cumplido lo anterior.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 22 de julio de 2025, actualmente en etapa de revisión.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] LOPEZ , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Santiago Santiago, treinta de julio de dos mil veintiséis. Proveyendo al escrito folio 10: téngase presente. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, comparece doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, quien interpone acción de protección en favor de [la persona recurrente] Rodríguez Saavedra y en contra de AFP Modelo S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Al efecto, señala que en el mes de marzo de 2026 se le informó del rechazo de su solicitud, aludiendo a la cobertura contemplada en los certificados emitidos por Colfondos S.A. y por E.P.S. Sanitas que aquella acompañó a su solicitud. Precisa que acompañó a dicha petición los…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional deducida por [la persona recurrente] Rodríguez Saavedra en contra de AFP Modelo S.A., ordenándose a la recurrida hacer devolución de todos los fondos previsionales depositados en la cuenta individual de propiedad de la recurrente, por el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, percibidos por concepto de cotizaciones previsionales, conforme lo dispone la Ley N° 18.156. Se fija un plazo de 30 días para el cumplimiento de lo ordenado, contados desde que esta sentencia quede firme. Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Rafael Plaza Reveco, quien estuvo por rechazar el recurso de protección interpuesto…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, de lo expuesto en el considerando anterior se concluye que actualmente la solicitud del actor se encuentra en tramitación ante la Subsecretaría del Interior, cesando la intervención del Servicio recurrido, razón por la que se desestima el presente arbitrio respecto de aquel.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] LUCENA , en contra del Servicio Nacional de Migraciones. II.- Que se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] LUCENA , y en contra del Ministerio del Interior sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente. Acordada con el voto en contra de la Ministra (S) Señora Ingrid Alvial Figueroa, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio por estimar que la carta de…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 3 de septiembre de 2025, actualmente en etapa de espera de gabinete.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia definitiva presentada por la recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud de la actora se encuentra en tramitación desde el 21 de octubre de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud de la actora está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por la recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 15 de noviembre de 2023, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 18 de marzo de 2025, actualmente en etapa de espera de gabinete.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 2 de junio de 2025, actualmente en etapa de revisión otorga.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte ha existido una dilación excesiva en la tramitación de la solicitud del actor, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la residencia temporal requerida por el recurrente, en relación con otros interesados…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] GAMEZ , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de las solicitudes de regularización migratoria presentadas por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Cuarto : Que, el artículo 155 de la ley 21.325 en su numeral 9° mandata que es función de la Subsecretaría del Interior: “Disponer,en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o pormotivos humanitarios, con independenciade la condiciónmigratoriadelbeneficiario,debiendoinformaranualmenteel númerodepermisosotorgadosalConsejodePolíticaMigratoria. Esta potestadseráindelegable”.

Quinto: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud de la actora está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la solicitud de regularización…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] PEROZO , sólo en cuanto el Servicio Nacional de Migraciones deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación de la solicitud presentada por el recurrente y remitir los antecedentes al Señor Subsecretario del Interior como en derecho corresponda, para su conocimiento y ulterior resolución.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de Christian [la persona recurrente] Cañizarez [la persona recurrente], de nacionalidad ecuatoriana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 29 de julio de 2023, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, tal como lo reconocen las autoridades requeridas, y sin perjuicio de lo expuesto en su informe por el Servicio Nacional de Migraciones, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, teniendo especialmente en consideración la situación fáctica en la que se encuentra el solicitante. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado a las recurridas, manteniendo al afectado en incertidumbre, pese a la obligación…

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Ministerio del Interior en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Christian [la persona recurrente] Cañizarez [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la parte recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro (S) señor Christian Carvajal Silva, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección, teniendo presente para ello: 1°. Que la carta de nacionalización es un beneficio…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Antofagasta, ocho de julio de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de [la persona recurrente], de nacionalidad boliviana, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA y del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de emisión del decreto que pone fin al proceso de otorgamiento de carta de nacionalización, estimando vulnerada la garantía de igualdad ante la ley establecida en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a las recurridas pronunciarse sobre la solicitud, con expresa condena en costas. Informaron las autoridades…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se desestima el recurso respecto del MINISTERIO DEL INTERIOR y SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por [la persona recurrente], en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, sólo en cuanto se ordena que, dentro del plazo de noventa días corridos desde la dictación de la presente sentencia, dicho Servicio deberá concluir las revisiones de rigor y pronunciarse sobre el respectivo trámite conforme a derecho.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 5 de abril de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la actora, y se adopten las providencias que sean…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Ministerio del Interior en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, ello dentro del plazo de noventa días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra de la abogada integrante señora Catalina Infante Correa, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección, al estimar que en el caso de la parte recurrente no existe una afectación a alguna de las garantías constitucionales…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Por qué la Corte acogió

Quinto: Que, en consecuencia, se concluye que el acto impugnado deviene en ilegal, al extender el ámbito de aplicación del artículo 31 de la Ley 19.880, a supuestos no contenidos en dicha norma, pues la sanción o consecuencia jurídica que se aplicó por no presentar declaración policial por ingreso por paso no habilitado, no se encuentra contemplada en la legislación específica aplicable, sino a el nivel reglamentario, en el artículo 52 del Decreto N°837, norma que establece que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, lo que demuestra que la autoridad administrativa ha creado una hipótesis no prevista por el legislador…

Sexto: Que, aunque se determine que al actor le sería aplicable la nueva normativa, el hecho de haberse autodenunciado con fecha anterior a la entrada en vigencia de la modificación legal, se entienden por cumplidas las exigencias legales actualmente establecidas, pues la Policía de Investigaciones debe poner en conocimiento del Servicio Nacional de Migraciones las denuncias por ingreso por paso no habilitado.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] GARCIA, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en consecuencia, se deja sin efecto mediante Resolución Exenta N°[número omitido] de 3 de enero de 2024, debiendo la recurrida continuar con tramitación de la solicitud presentada por la recurrente, como en derecho corresponda, hasta la dictación del acto terminal respectivo.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por las recurridas, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización del actor, se tramita de conformidad al del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior y Seguridad Pública.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones II.- Que se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , y en contra del Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior , sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 26 de marzo de 2025, actualmente en etapa de revisión..

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de ELANCIA [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 22 de junio de 2025, actualmente en etapa de revisión.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 8 de julio de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] QUINTERO DE PEREZ , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, la Subsecretaría del Interior, recurrida de autos, opone la excepción de incompetencia atendido que el recurrente al realizar su solicitud de carta de nacionalización señala domicilio en territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte.

Por qué la Corte acogió

Quinto: Que, de los antecedentes se desprende que la recurrente intentó dar cumplimiento a lo solicitado, acompañando documentación en dos oportunidades, además acompaña a los presente autos, certificado de nacimiento, debidamente legalizado y apostillado, con traducción oficial.

Sexto: Que, es un hecho público y notorio la situación sociopolítica de la República de Haití y la demora que ello significa para sus nacionales obtener documentación oficial, circunstancia que debió considerarse por el Servicio en el caso de la actora, lo que constituye un actuar carente de razonabilidad por parte de la recurrida teniendo, además, presente que la recurrente cuenta con el certificado de nacimiento debidamente legalizado y otorgado con fecha anterior a la dictación de la resolución impugnada, el que se acompaña en esta instancia, motivo suficiente para acoger el recurso, como se dirá.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara: I.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia. II.- Que, se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido] de 27 de enero de 2026, debiendo la recurrida desarchivar la solicitud de residencia temporal, dándole tramitación inmediata, ponderando el acta de nacimiento incorporada al recurso.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 9 de agosto de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del actor dentro de…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, tal como reconoce en su informe la autoridad recurrida y se desprende de los antecedentes, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, teniendo especialmente en consideración la situación fáctica en la que se encuentra el solicitante. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado a la recurrida, manteniendo al afectado en incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse, considerando que…

Octavo: Que, por tanto, la dilación del recurrido -Ministerio del Interior- en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la parte recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra de la abogada integrante señora Catalina Infante Correa, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección, al estimar que en el caso de la parte recurrente no existe una afectación a alguna de las garantías constitucionales, pues debe…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad argentina, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 9 de diciembre de 2021, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del actor dentro de…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, tal como reconoce en su informe la autoridad recurrida y se desprende de los antecedentes, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, teniendo especialmente en consideración la situación fáctica en la que se encuentra el solicitante. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado a la recurrida, manteniendo al afectado en incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse, considerando que…

Octavo: Que, por tanto, la dilación del recurrido -Ministerio del Interior- en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la parte recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra de la abogada integrante señora Catalina Infante Correa, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección, al estimar que en el caso de la parte recurrente no existe una afectación a alguna de las garantías constitucionales, pues debe…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 1 de noviembre de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente. Acordada con el voto en contra de la Ministra (S) Señora Claudia Parra Villalobos, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio por considerar que, conforme al mérito de los antecedentes aportados en autos, el actor solicitó su residencia el 1 de noviembre de 2025 y, que si bien a la fecha, el plazo de tramitación excede los seis meses…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

C.A. de Rancagua Rancagua, cuatro de junio de dos mil veintiséis. Vistos: Con fecha 6 de marzo de 2026, comparece Carla Nicole Cañón [la persona recurrente], abogada, en favor de [la persona recurrente] , cedula de identidad para extranjeros N°[RUT], de nacionalidad haitiana, domiciliado en calle Lagunilla #954, villa Las Garzas, comuna de Santa Cruz, deduciendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don Claudio Alvarado Andrade, con domicilio en Palacio de la Moneda S/N, comuna de Santiago, Región Metropolitana, y de la Subsecretaría del Interior, representada por don Máximo Pavéz Cantillano, con domicilio en Palacio de la Moneda S/N, comuna de Santiago, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión del Decreto que pone fin al proceso de Carta de Nacionalidad, lo que constituye una vulneración a la…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se decide: I.- Que, se rechaza el recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por cuanto aún no se han remitido los antecedentes de este recurso a dicho organismo. II.- Que, se acoge , sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , cedula de identidad para extranjeros N°[RUT], de nacionalidad haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto, se dispone que este último deberá darle celeridad al procedimiento de la solicitud de carta de nacionalización del actor, con el objeto de que, en el plazo de sesenta días corridos, dicte la resolución que en derecho…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación ante dicha autoridad desde el 7 de enero de 2024, actualmente en trámite de asignación Policía de Investigaciones.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, el recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto el Servicio, en lo que a su competencia se refiere y dentro del plazo de sesenta días, deberá concluir la tramitación la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente y remitir los antecedentes al Señor Subsecretario del Interior, para su conocimiento.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por las recurridas, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización del actor, se tramita de conformidad al del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, el recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones II.- Que se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , y en contra del Ministerio del Interior y Subsecretario del Interior , sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente.

Por qué la Corte acogió

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por las recurridas, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización se tramita de conformidad al del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de JENNIFER [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones II.- Que se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de JENNIFER [la persona recurrente] , y en contra del Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior , sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 8 de abril de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, recurrida de autos, opone la excepción de incompetencia atendido que el recurrente al realizar su solicitud de carta de nacionalización señala domicilio en territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte.

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que, de los antecedentes se desprende que la recurrente solicitó el certificado de antecedentes penales a su país de origen, acompañando en dos oportunidades ante el Servicio el certificado emitido por la Embajada de la República de Haití en Chile que da cuenta que su certificado se encuentra en tramitación. Que, además, acredita su arraigo familiar, pues es madre de un menor de edad chileno que se encuentra a la espera de un trasplante de riñón.

Séptimo: Que, es un hecho público y notorio la situación sociopolítica de la República de Haití y la demora que ello significa para sus nacionales obtener documentación oficial, circunstancia que debió considerarse por el Servicio en el caso de la actora, además de la situación particular en la que se encuentra debido el estado de salud de su hijo menor de edad, lo que constituye un actuar carente de razonabilidad por parte de la recurrida, vulnerando así las garantías fundamentales del recurrente, razón que conlleva a acoger el presente arbitrio. Y visto además lo dispuesto en los á artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la…

Qué ordenó la Corte

Y visto además lo dispuesto en los á artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara: I.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia. II.- Que, se acoge , sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] , sólo en cuanto, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido] de 12 de febrero de 2026, ordenándose al Servicio Nacional del Migraciones otorgar un nuevo plazo de ciento ochenta días para que la recurrente acompañe lo solicitado por el Servicio, debiendo pronunciarse el órgano migratorio respectivo, una vez cumplido lo anterior. Acordada con el voto en contra de la Fiscal Judicial se ñora Nel Greeven Bobadilla , quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio por estimar que esta Corte de Apelaciones es incompetente para conocer el asunto…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 8 de abril de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 22 de septiembre de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la recurrente, y se adopten las providencias…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por la autoridad recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Ministerio del Interior en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda sobre la solicitud de nacionalización de la recurrente que se encuentra pendiente, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro (S) señor Mauricio Rettig Espinoza, quien estuvo por rechazar la acción constitucional intentada en autos, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos: 1°. Que, de la revisión de los antecedentes, surge que la solicitud deducida por la parte…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad argentina, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 13 de junio de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la recurrente dentro de…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por la autoridad recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Octavo: Que, por tanto, la dilación del Ministerio del Interior en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda sobre la solicitud de nacionalización de la recurrente que se encuentra pendiente, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado. Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro (S) señor Mauricio Rettig Espinoza, quien estuvo por rechazar la acción constitucional intentada en autos, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos: 1°. Que, de la revisión de los antecedentes, surge que la solicitud deducida por la parte…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 9 de abril de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] DE [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de [la persona recurrente], de nacionalidad haitiana, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fundado en la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de pronunciamiento y visualización correspondiente respecto de la solicitud de nacionalidad presentada con fecha 3 de junio de 2025. Expone que la solicitud permanece en estado de “primer análisis”, sin que la autoridad administrativa haya emitido resolución alguna ni dado avance efectivo a la tramitación del procedimiento, pese al tiempo transcurrido desde su presentación, situación que estima vulneratoria de la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Solicita, en definitiva, que se ordene a…

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que la recurrida ha excedido un plazo razonable para impulsar y resolver la solicitud formulada por el recurrente, apartándose con ello de los principios de celeridad, conclusivo e impulso de oficio que informan los procedimientos administrativos, especialmente aquellos vinculados al ejercicio de derechos fundamentales de las personas extranjeras. En efecto, la mantención de la solicitud en una etapa meramente inicial de análisis, por un período prolongado y sin explicación suficiente que justifique tal dilación, importa una demora que excede el término general contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, afectando con ello la…

Séptimo: Que, en consecuencia, verificándose una omisión ilegal atribuible a la recurrida, que afecta la garantía constitucional invocada por la parte actora, la presente acción cautelar será acogida en los términos que se dirán.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá emitir pronunciamiento definitivo respecto de la solicitud de nacionalidad presentada por el actor, dentro del plazo de sesenta días contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación desde el 5 de abril de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud del actor está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud del actor se encuentra en tramitación ante dicha autoridad desde el 25 de febrero de 2025, actualmente en trámite etapa primer análisis.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, el recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto el Servicio, en lo que a su competencia se refiere y dentro del plazo de sesenta días, deberá concluir la tramitación la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente y remitir los antecedentes al Señor Subsecretario del Interior, para su conocimiento.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero : Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos que privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que, de esta manera es posible, el acto administrativo mediante el cual no se acogió a trámite la solicitud de residencia de la actora, no consideró los principios fundamentales establecidos en la normativa migratoria vigente. En efecto, la autoridad recurrida no ponderó que la actora era menor de edad al momento de ingresar al país, circunstancia que, conforme con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N 21.325, impide que los menores que incurrieren en alguna infracción migratoria estén sujetos a las sanciones previstas en esta Ley.

Séptimo: Que, en consecuencia, la aplicación del artículo 50 inciso final del Decreto N°296, sin considerar esta circunstancia especial, que el ingreso irregular habría sucedido cuando la recurrente era una niña y que diligentemente se solicitó en su favor su regularización migratoria en Chile, la que no fue archivada sin emitirse un pronunciamiento final por circunstancias diversas a las alegadas por la Autoridad para no acoger a trámite la solicitud de residencia temporal. En tal sentido, resulta desproporcionada e ilegal la resolución reclamada, pues transgrede, además, el principio pro homine expresamente consagrado en el artículo 12 de…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge , sin costas , el recurso deducido en favor de [la persona recurrente] DE LOS [la persona recurrente] DELGADO , en consecuencia, se deja sin efecto la comunicación electrónica N° 76599837 de 10 de abril de 2025, no acoge a trámite la solicitud de residencia temporal de la recurrente, y se ordena al Servicio a darle tramitación inmediata.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal presentada por la recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo : Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud de la actora se encuentra en tramitación desde el 21 de febrero de 2025, actualmente en trámite.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud de la actora está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por la recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, de lo expuesto en el considerando anterior se concluye que actualmente la solicitud del actor se encuentra en tramitación ante la Subsecretaría del Interior, cesando la intervención del Servicio recurrido, razón por la que se desestima el presente arbitrio respecto de aquel.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , en contra del Servicio Nacional de Migraciones. II.- Que se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] , y en contra del Ministerio del Interior y Subsecretar ía de Interior sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia temporal por reunificación familiar presentada en favor de la recurrente.

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] , y, por consiguiente, el Servicio Nacional de Migraciones deberá dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud de residencia temporal presentada por la parte recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Por qué la Corte acogió

Quinto: Que, en consecuencia, tanto el acto impugnado como la Resolución Exenta N° [número omitido] de 2 de octubre de 2024 devienen en ilegal, pues exige el cumplimiento de un requisito imposible de cumplir toda vez que el actor ingresó al país antes de la modificación legal introducida por la Ley 21.655 de 20 de febrero de 2024 a la Ley que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, lo que demuestra que la autoridad administrativa ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistida al peticionario de su solicitud, conculcando con dicho proceder su garantía a la igualdad ante la ley.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación del Servicio, de haberse modificado la Ley 20.430, permitiéndole tener por desistidas las solicitudes que no cumplen con los requisitos formales para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, constituye una aplicación retroactiva de dicho cuerpo normativo, toda vez que, el actor ingresó al país antes del 20 de febrero de 2024.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] , sólo en cuanto se dejan sin efecto la Resolución Exenta N° [número omitido] de 8 de agosto de 2025, que rechazo un recurso de reposición interpuesto y la Resolución Exenta N° [número omitido] de 2 de octubre de 2024 que tiene por desistido al recurrente de su solicitud, debiendo la recurrida continuar con tramitación de la solicitud presentada por el recurrente, como en derecho corresponda, hasta la dictación del acto terminal respectivo.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Por qué la Corte acogió

Tercero: Que, el recurrido informa en síntesis que la actora no presentó antecedentes que permitieran subsanar su petición, por lo que mediante Resolución Exenta N°[número omitido] de 5 de diciembre de 2025, se tuvo por desistida su solicitud de nacionalización.

Cuarto: Que, no obstante lo informado por el servicio recurrido, lo cierto es que no se acompañó antecedente alguno que diera cuenta de haberse practicado efectivamente la notificación de la comunicación electrónica Folio N° 83383363 de 6 de agosto de 2025, que apercibe a la recurrente a acompañar antecedentes adicionales a su solicitud, limitándose el Servicio a aportar copia del acto administrativo que se pretendía comunicar, incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880 pues no se acredita que la actora haya estado en conocimiento del requerimiento del Servicio, no siendo razonable la decisión éste en orden a hacer…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de [la persona recurrente] JOHANNA [la persona recurrente] BORM, en contra del Servicio Nacional de Migraciones , en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N°[número omitido] de 5 de diciembre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente, ordenando al Servicio a continuar con la tramitación.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de residencia definitiva presentada por la recurrente.

Por qué la Corte acogió

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones se advierte que la solicitud de la actora se encuentra en tramitación desde el 26 de agosto de 2025, actualmente en etapa de resolución.

Tercero: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente y lo informado por el Servicio se advierte que si bien la solicitud de la actora está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación -si se considera su fecha de inicio-, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente], en contra del Servicio Nacional de Migraciones , sólo en cuanto la recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por la recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, comparece Carla Nicole Cañon Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] López, de nacionalidad salvadoreña, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión arbitraria e ilegal en que habría incurrido al no resolver oportunamente su petición de residencia temporal, lo que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el número 2 del artículo 19. Alega que la parte recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa el día 13 de enero de 2025, sin embargo, el Servicio Nacional de Migraciones no ha dado respuesta a su solicitud, reseñando las consecuencias que dicha circunstancia le acarrea. En cuanto a la ilegalidad destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos…

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que, asimismo, no se puede soslayar, amén de los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad aplicables al caso, el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que en este caso se han superado con largueza los plazos razonables, dando lugar a la incertidumbre reclamada, toda vez que la solicitud fue ingresada con fecha 13 de enero de 2025, y al tiempo de evacuarse el informe por la autoridad recurrida, tal petición se encontraba aún pendiente.

Séptimo: Que en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece a la parte recurrente de conformidad con el artículo 19 Nro. 2 de la Carta Fundamental, dado que no existe razón atendible que justifique que no se proceda a su respecto del modo que regula la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto la autoridad recurrida deberá pronunciarse fundadamente sobre la solicitud de residencia temporal, dentro del plazo de 60 días contados desde que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Acordado con el voto en contra del ministro suplente señor Rettig, quien estuvo por rechazar la acción constitucional intentada en autos, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos: 1. - Que, de la revisión de los antecedentes, surge que la solicitud deducida por la parte recurrente se encuentra en actual tramitación ante la Autoridad Administrativa, en la que por cierto se deben recabar los antecedentes…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, comparece Carla Nicole Cañon Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente], de nacionalidad argentina, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión arbitraria e ilegal en que habría incurrido al no resolver oportunamente su petición de residencia temporal, lo que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el número 2 del artículo 19. Alegan que la parte recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa el día 08 de julio de 2024, sin embargo, el Servicio Nacional de Migraciones no ha dado respuesta a su solicitud, reseñando las consecuencias que dicha circunstancia le acarrea. En cuanto a la ilegalidad destacan que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos…

Por qué la Corte acogió

Sexto: Que, asimismo, no se puede soslayar, amén de los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad aplicables al caso, el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que en este caso se han superado con largueza los plazos razonables, dando lugar a la incertidumbre reclamada, toda vez que la solicitud fue ingresada con fecha 17 de mayo de 2024, y al tiempo de evacuarse el informe por la autoridad recurrida, tal petición se encontraba aún pendiente.

Séptimo: Que en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece a la parte recurrente de conformidad con el artículo 19 Nro. 2 de la Carta Fundamental, dado que no existe razón atendible que justifique que no se proceda a su respecto del modo que regula la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto la autoridad recurrida deberá pronunciarse fundadamente sobre la solicitud de residencia temporal, dentro del plazo de 60 días contados desde que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Acordado con el voto en contra del ministro suplente señor Rettig, quien estuvo por rechazar la acción constitucional intentada en autos, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos: 1. - Que, de la revisión de los antecedentes, surge que la solicitud deducida por la parte recurrente se encuentra en actual tramitación ante la Autoridad Administrativa, en la que por cierto se deben recabar los antecedentes…

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] del [la persona recurrente] , de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior , por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 22 de abril de 2021 (sic), sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por la autoridad recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización por más de dos años, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Octavo: Que si bien no se desconoce el incremento significativo de ingresos de este tipo de solicitudes, así como de otras, ante la misma autoridad, la demora en el pronunciamiento en este caso particular, por más de dos años, debe ser calificada de arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente] del [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] , de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior , por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 7 de noviembre de 2022, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la actora…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las recurridas, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización por más de tres años, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Octavo: Que si bien no se desconoce el incremento significativo de ingresos de este tipo de solicitudes, así como de otras, ante la misma autoridad, la demora en el pronunciamiento en este caso particular, por más de tres años, debe ser calificada de arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de [la persona recurrente] , de nacionalidad ecuatoriana, y deduce acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior , por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, el recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 18 de noviembre de 2022 (sic), sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la parte recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización del…

Por qué la Corte acogió

Séptimo: Que, de acuerdo a lo informado por las recurridas, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización por más de cuatro años, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Octavo: Que si bien no se desconoce el incremento significativo de ingresos de este tipo de solicitudes, así como de otras, ante la misma autoridad, la demora en el pronunciamiento en este caso particular, por más de cuatro años, debe ser calificada de arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Por qué la Corte acogió

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por las recurridas, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización del actor, se tramita de conformidad al del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que ante el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización, la recurrente ha sufrido una dilación excesiva en su tramitación, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido ilegal y arbitrariamente, los principios de celeridad y conclusivo establecidos en los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la…

Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: I.- Que, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] DIAZ, en contra del Servicio Nacional de Migraciones II.- Que se acoge, sin costas , el recurso de protección deducido a favor de [la persona recurrente] DIAZ, y en contra del Ministerio del Interior , sólo en cuanto el recurrido deberá, dentro del plazo de sesenta días, concluir la tramitación y emitir pronunciamiento como en derecho corresponda, sobre la solicitud presentada por el recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.

Qué se pidió

Antofagasta, a diecinueve de febrero de dos mil veintiséis. VISTOS: Comparece Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de [la persona recurrente], de nacionalidad peruana, interponiendo recurso de protección formalmente en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en no resolver ni concluir el proceso de nacionalización respecto de la solicitud de carta de nacionalización presentada el 19 de diciembre de 2024, identificada con el N° de solicitud 65489798. Considera que dicha actuación omisiva es ilegal y arbitraria, atendido a que contraviene los plazos y principios establecidos en la Ley N° 19.880 y demás normativa aplicable, vulnerando, con ello, la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene…

Por qué la Corte acogió

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Qué ordenó la Corte

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Carla Nicole Cañón Rubio, en favor de [la persona recurrente], sólo en cuanto se ordena que dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, el Servicio Nacional de Migraciones deberá remitir los antecedentes al Ministerio del Interior, para que dicha autoridad se pronuncie sobre la petición de carta de nacionalización de la recurrente.

Extracto de la sentencia, sin nombres ni RUT. El texto completo es público en el Poder Judicial.